El Grupo 17 de Marzo – Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos, fiel a su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de la persona y desde su total independencia de criterio e imparcialidad política manifiesta su más absoluto y contundente rechazo a la creación de UNIDADES DE ANTIDISTURBIOS EN LA POLICÍA LOCAL por las siguientes razones:
1) La función histórica de la Policía Local en Sevilla ha sido la aplicación y ejecución de las ordenanzas municipales, en ningún caso funciones de seguridad ciudadana que corresponden a la Policía Nacional. La incorporación de estas funciones a dicha policía conllevará una disminución de las garantías y derechos ciudadanos, ya que ni son cuerpos preparados para ello ni tienen las garantías de identificación de dichos funcionarios. Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad, la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento corresponde al gobierno central. A las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le corresponde proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño, entre otras, de la siguientes función según el artículo 11 e) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo es mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana. El artículo 53 de la citada Ley expone que los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer, entre otras, las siguientes funciones:
D) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia.
H) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.
Por tanto, en base a sus competencias, no es necesario la creación de un grupo de antidisturbios de la policía local, para aplicar la Ley, ya que son tareas propias de la policía nacional.
2.-) En el último informe sobre la tortura y malos tratos de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, se refleja un aumento de las denuncias a los cuerpos de policía local, convirtiéndose en la primera provincia andaluza en este tipo de denuncias (14) lo que denota la falta de formación y profesionalidad en materia de derechos humanos de algunos funcionarios en estos cuerpos.
3.) Desde el Grupo 17 de Marzo se exige al Alcalde de Sevilla que haga extensible la Instrucción 13/2007 del Ministerio de Interior (aplicable a Policía Nacional y Guardia Civil) a la Policía Local fundamentalmente en la obligatoriedad de llevar visible el nº de identificación. También la aplicación de la Instrucción 12/2007 del Ministerio de Interior respecto a la obligación de recibir los agentes una formación integral en derechos humanos. Esto prevendría posibles abusos de esa nueva unidad del cuerpo de policía local.
4.-) Por último, tal como indica el Defensor del Pueblo Andaluz, el Grupo 17 de Marzo también prevé un aumento de la conflictividad social y de la violencia como consecuencia de la crisis. Ni el derecho penal ni la policía, en este caso municipal, están para resolver problemas sociales ni económicos, estos solo se arreglan con políticas sociales adecuadas.
Asimismo a partir de la creación de dicha unidad, se hará un llamamiento a diferentes organizaciones sociales y en defensa de los derechos humanos para prevenir y denunciar las malas prácticas policiales, a través de un observatorio de derechos humanos en la ciudad de Sevilla.
En Sevilla a 7 de agosto de 2012
