NOTA DE PRENSA DEL GRUPO 17 DE MARZO DE RECHAZO AL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN A LA PENA POR ACTOS VANDÁLICOS
El Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos humanos individuales y colectivos valora negativamente el proyecto gubernamental de Ley Orgánica de reforma del Código Penal por el cual se persigue elevar las penas por delitos de resistencia a la autoridad y vandalismo (o daños contra la propiedad ajena).
Se trata de extender la legislación que se ha utilizado para mitigar los actos de lucha callejera en Euskadi a cualquier acto de vandalismo que ponga en peligro bienes públicos o privados. Las modificaciones afectarían esencialmente a la tipificación del artículo 263 del código penal, que recoge pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, para conductas vandálicas leves (sin causar daños personales). Así, cuando el acto ha sido cometido por miembros de organización criminal, el texto obliga a imponer la mitad superior (por tanto, más de dos años) con lo que además se puede imponer prisión preventiva. Desde el Gobierno se ha anunciado además que se incluirá como "delito de integración en organización criminal" alterar "gravemente el orden público" y concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como Internet y las redes sociales.
El Grupo 17 de Marzo rechaza la medida por los siguientes motivos:
- La ley penal ha de ser considerada como última medida para solucionar conflictos sociales. Su gravedad determina que en un Estado social y democrático de Derecho, el Estado utilice vías menos lesivas para las personas. Las justificaciones que da el propio Ministro manifiestan su consideración peyorativa hacía lo que no es política de criminalización (en su terminología eufemística: buenismo jurídico.)
- Elevar la condena de estos actos conllevará entre otros efectos, aumentar el número de personas condenadas a prisión en nuestro país, que ya supera al resto de países de nuestro entorno europeo.
- Supone utilizar una medida excepcional y ya discutida por instancias supranacionales contra actos de organizaciones criminales a actos realizados por cualquier persona en el contexto de manifestaciones populares. Su uso se convertirá en un medio político para contrarrestar reivindicaciones sociales.
- Es desproporcionada y sesgada, por cuanto no modifica los actos de maltrato y/o tortura realizados por los cuerpos de seguridad del Estado, que han aumentado en mayor medida que los vandálicos.
- Supone un paso más en el deterioro del Derecho penal, aumentando el elenco de enemigos del Estado: inmigrantes, delincuentes sexuales, colectivos étnicos o marginales, y ahora, manifestantes.
Por todo ello, el Grupo 17 de Marzo muestra su más enérgico rechazo a este proyecto de modificación de la ley penal que supone reducir el ámbito de los derechos fundamentales de las personas y los colectivos que conforman.
